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Partido Socialdemócrata de Cuba |
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COMISION CUBANA DE DERECHOS HUMANOS Y RECONCILIACION NACIONAL
La Habana, 2 de noviembre de 2004
INFORME ESPECIAL
Cuba: No se han confirmado nuevos fusi1amientos en los últimos dieciocho meses. 1.-De acuerdo con informaciones recibidas desde los propios corredores de 1a muerte que existen en diez de las cincuenta prisiones de alta seguridad que hay en Cuba, no han tenido lugar nuevos fusilamientos desde principios de abril del pasado año. 2.-En esa fecha y prácticamente en una semana, tres personas fueron detenidas (2-4-2003), interrogadas, instruidas de cargos; juzgadas por un tribunal provincial de Seguridad del Estado (8-4-2003); las condenas ratificadas por la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Supremo popular (9-4-2003) y luego confirmadas por el Consejo de Estado, que preside el Comandante Fidel Castro, al otro día, (10-4-2003); culminando estos tramites con el fusi1amiento de dichas personas en la noche del propio día 10 de abri1 o en las primeras horas de la madrugada siguiente. 3.-Los tres fusilados se nombraban BARBARO SEVILLA GARCÍA, de 22 años, hijo de Evangelio y Rosa; LORENZO COPELLO CASTILLO, de 31 años, hijo de Lorenzo y Ramona y JORGE LUIS MARTÍNEZ ISAAC, de 40 años, hijo de Luis e Isabel. Jorge Luis Martínez, por cierto, cumplió misión como soldado internacionalista en la guerra de Angola, hecho que, según se dice, influyó notablemente en el proceso de 1a independencia de Namibia y en 1a etapa final del régimen de apartheid en Sudáfrica. Concluida su misión, Martínez Isaac recibió una condecoración del estado cubano y otros reconocimientos.
4.- Las tres personas fusiladas, en unión de otras ocho, incluyendo tres mujeres de 16,22 y 38 años de edad, cometieron un delito muy grave al secuestrar un pequeño transbordador marítimo de pasajeros con 1a finalidad de emigrar hacia los EE.UU. Tomando en cuenta que ninguno de los pasajeros recibió heridas en esta irresponsable acción y 1a propia naturaleza extremadamente sumaria, sin alternativas, del proceso judicial, una parte significativa de la comunidad internacional, incluido el movimiento de derechos humanos, la Unión Europea y numerosos medios de prensa, no pudo ocultar una justificada consternación. 5.-El Gobierno de Cuba no ofrece informaciones a la opinión publica ni a organismos internacionales especializados tales como la Cruz Roja Internaciona1, la ONU o Amnistía Internacional, entre otros, en relación con las personas condenadas a pena de muerte 0 expuestas a esa sanción. No obstante, sobre la base de informes recibidos de fuentes familiares o directamente desde las prisiones de alta seguridad, podemos inferir que en este momento, hay entre 40 y 50 personas condenadas a muerte o expuestas a la pena máxima en Cuba. (Ver Anexo I) 6.-Los presos expuestos a la pena de muerte en Cuba están internados bajo condiciones verdaderamente infrahumanas, ya que reciben una insuficiente a1imentacion en condiciones antihigiénicas y agua generalmente contaminada, y están sometidos a verdaderas plagas de insectos y ratas. Una vez que han sido encarcelados les internan en celdas de confinamiento solitario de las áreas de máximo castigo existentes en prisiones de alta seguridad. (Ver Anexo II) Por lo general tienen derecho a visitas familiares cada dos o tres meses, lo cual transgrede las propias practicas carcelarias del Gobierno de Cuba pues, en todos 10s casas, sus condenas están pendientes de alg6n tramite judicial y de la decisión final del Consejo de Estado, ello significa que no están jurídicamente ratificadas y, por ella, debieran tener las visitas cada 21 días. 7.-En el año 2000 la Unión Europea, a través de la presidencia de turno ocupada en aquellos días por Alemania, pidió al gobierno de Cuba la conmutación de las penas de muerte dictadas y que considerara la definitiva abolición de una condena tan drástica e irreversible que impide, incluso, toda posibl1idad de enmienda en caso de errores judiciales que pueden ocurrir en cua1quier país. Numerosos pedidos semejantes ha recibido el Gobierno de Cuba a lo largo de los años y, hasta donde conocemos, no se han obtenido las debidas respuestas. 8.-Después de varios años de investigaciones, un académico cubano residente en Washington, el Dr. Armando M. Lago, consultor del Stanford Research Institute, ha llegado a la conclusión de que las personas fusiladas en Cuba, en poco mas de cuatro décadas y hasta el pasado año, alcanzan 1a cifra de 5 621. Aparte de 1a falta de información oficial a ese respecto, nuestra Comisión no dispone de los medios para realizar semejante investigac1ón, pero tampoco tiene razones para desestimar los resultados publicados por e1 Dr. Lago toda vez que, según nuestras propias inferencias y estimaciones, el total de fusilados en ese periodo pudiera estar entre 5000 y 6000 personas, en su mayoría por los llamados de1itos contra e1 estado u otros de connotación política. 9.-Esta inquietante “propensión histórica” y. sobre todo, e1 hecho evidente de que el Código Penal (Ley 62) y otros instrumentos penales vigentes contienen mas de sesenta motivos, entre figuras y subfiguras delictivas, para continuar aplicando la pena de muerte en Cuba, justifican nuestra profunda preocupac1ón en cuanto a que se sigan imponiendo nuevas penas capitales y se reanuden los fusilamientos de manera sorpresiva. La inmensa mayoría de esas motivaciones corresponden a la sección de Delitos contra 1a Seguridad del Estado del Código Penal, conocidos comúnmente como “delitos políticos”. 10.-La comunidad internacional, incluido e1 movimiento mundial en favor de los derechos humanos, sigue esperando una respuesta positiva de parte del Gobierno de Cuba en cuanto a la inmediata aplicación en 10s hechos de una moratoria que salve la vida a casi medio centenar de condenados, la conmutación de las sentencias de muerte ya dictadas y la ulterior abolición de la pena de muerte. 11.-En lo inmediato, es razonable esperar que el Gobierno de Cuba, de una manera independiente y soberana, acepte la generosa y desinteresada cooperac1ón de la Cruz Roja Internacional y de otras instituciones análogas para mejorar las condiciones materiales y sanitarias bajo las cuales languidecen los condenados a muerte así como e1 resto de la desproporcionada población carcelaria recluida en más de doscientas prisiones y otros centros de internamiento que existen en Cuba.
Carlos J. Menéndez Cervera Programa contra la Pena de Muerte
Elizardo Sánchez Santa Cruz Activista de Derechos Humanos y ex-prisionero de conciencia
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