Partido
Socialdemócrata
de
Cuba
Un cubano en
Francia
Artículos enviados desde Francia
por Luis Tornés Aguililla
Agosto/2003
Hará unos días, en siesta reglamentaria debajo del manzano que tengo en el patio, hojeaba "por arribita", pues uno no entiende de asuntos científicos, un estudio sobre los diferentes procesos de desalinización del agua de mar y me acordé que en los veintitrés años y dos meses que viví en mi isla, la falta de agua potable siempre fue un problema mayor, un lío, un dolor de cabeza aunque no para todo el mundo pero sí para millones de cubanos que viven apiñados en los grandes centros urbanos del país al final de un éxodo rural sin precedentes en los últimos 500 años.
Según leo en la prensa y por lo que me cuentan en alevoso sigilo algunos cubanos de paso por Europa, me es permitido pensar que en Cuba las dificultades con el agua potable no se han mejorado.
Es de suponer que cuando los cubanos ganen (nunca llegará sola) la libertad de emprender, de ir y venir, de opinar y de elegir entonces empezará la gran batalla por el control de la gestión del agua y será una batalla feroz porque si hay un renglón de la economía que trae ganacias faraónicas es el de la gestión privada del agua potable y ello, en cualquier parte del mundo.
Los que tengan la curiosidad de hurgar un poco en torno a este tema del agua potable en Canadá, EE.UU o Europa (por sólo dar tres ejemplos) no tardarán en constatar en qué nivel del poder y de la influencia se mueven los ejecutivos de los grandes grupos o compañías que se reparten "el pastel del agua", constatarán también quiénes son los amigos de estos grupos y cómo operan en mercados captivos por obra y gracia de favores políticos calculados y sopesados en detalle.
Evidentemente, hablo aquí de un hurgar leve y fugaz ya que toda insistencia en la curiosidad sobre este giro del agua potable podría resultar inesperadamente fatal para los curiosos …..
El agua es también un bien público y la gestión privada del metro cúbico de agua producido y puesto a disposición de la población tiene que generar obligatoriamente ganacias excluyendo, de facto, cualquier otra dimensión o punto de vista como el de considerar que el agua potable es parte, en definitiva, del patrimonio inalienable de "la gente".
La batalla del agua brotará en Cuba como un jacinto a medianoche cuando el país pase de la autocracia actual al contexto democrático porque el control del agua potable, su distribución como todo lo que es caro y vital, se convierte automáticamente en un elemento potencial de estrategia política y económica tanto más en una economía de mercado libre. A contrario, la gestión pública del agua en el marco de la aplicación real de una Ley de descentralización administrativa y fiscal podría representar una opción beneficiosa para la mayoría de los consumidores. La descentralización administrativa, la democracia de proximidad, la libertad y el agua tienen, en efecto, muchas cosas en común.
El agua potable, al ser indispensable, no debe convertirse en una mercancía común y corriente a manos de un ejecutivo local o nacional (si Cuba siguiese bajo el actual y opresor sistema jacobino) que no asuma la responsabilidad de producir, distribuir y vender a un precio único y racionalizado el agua que la gente tiene debajo de sus pies.
No es retórica antiliberal llamar modestamente la atención a propósito de un problema mayor en la Cuba que se nos viene encima para, en la medida de lo posible, alertar sobre los yugos y bozales invisibles que toman solapadamente la máscara de la explotación indiscriminada de los recursos naturales. ¿Un ejemplo?: infórmese sobre la gestion del agua potable en Buenos Aires (Argentina) o en México D.F.
El actual gobierno cubano alberga la esperanza de que los apetitos desmedidos espanten e irriten a los cubanos que a la hora de pagar una factura de agua podrían tener una sorpresa desagradable pero si bien un contexto democrático tiene su realidad inherente en la cual todo tiene un costo visible, gracias a esta visibilidad los ciudadanos pueden (si quieren hacerlo) atenuar o neutralizar el costo de la gestión del agua cuando éstos controlan de punta a cabo el recurso hidráulico. La implicación libre del ciudadano en un contexto democrático y en un territorio demográficamente equilibrado puede representar algo positivo para la mayoría de población si la gestión general del agua, desde su producción hasta la distribución se convierte en responsabilidad del gobierno local por encargo de los electores.
Tal podría ser mañana en nuestro país la norma si los gobiernos locales (después que pase el "accidente histórico") entendiesen ocuparse realmente de la vida cotidiana ya que después de todo, la política no es otra cosa. ¿No?
Luis Tornés Aguililla
lta58@wanadoo.fr